En entrevista con Agricultura en Marcha, el ingeniero Carlos Pagador Moya cuestionó la falta de prevención, alertó sobre el escenario climático previsto para los próximos meses y planteó acciones urgentes para reducir el impacto sobre la población, la agricultura y la infraestructura hidráulica.
El Perú podría enfrentar un escenario climático de alta intensidad durante los próximos meses y, mientras los organismos especializados continúan monitoreando la evolución del fenómeno El Niño, una preocupación comienza a tomar mayor fuerza entre especialistas y productores: ¿está realmente preparado el Estado para responder?
Durante una entrevista concedida al programa agrario Agricultura en Marcha, el ingeniero Carlos Pagador Moya, profesional con amplia experiencia en gestión hídrica y políticas públicas, sostuvo que el país debe concentrarse en fortalecer su capacidad de respuesta y resiliencia frente a un eventual evento extraordinario.
Pagador explicó que el monitoreo del fenómeno involucra a diversas instituciones nacionales e internacionales y destacó la participación de organismos que analizan las condiciones oceanográficas, atmosféricas, hidrológicas y geofísicas.
Según explicó durante la entrevista, el escenario que se viene observando presenta diversas variables que deben ser consideradas conjuntamente y no únicamente desde la perspectiva del calentamiento del mar.
UN ESCENARIO QUE PODRÍA INTENSIFICARSE
El especialista señaló que ya se observan condiciones atmosféricas y climáticas anómalas, entre ellas temperaturas elevadas para la temporada de invierno.
Asimismo, sostuvo que, de acuerdo con los pronósticos comentados durante la entrevista, las precipitaciones podrían comenzar a adquirir mayor presencia en los próximos meses, con una posible intensificación hacia febrero de 2027 y una disminución posterior hacia abril.
Pagador fue enfático en señalar que un pronóstico climático no significa que necesariamente ocurrirá exactamente el escenario previsto, pero consideró que la existencia de indicadores y proyecciones suficientes obliga al Estado a prepararse.
La lógica, explicó, debe ser sencilla: si existe un riesgo importante, la prevención no puede comenzar cuando ya llegó la emergencia.
EL PRINCIPAL PROBLEMA: LA FALTA DE PREVENCIÓN
Uno de los momentos más críticos de la entrevista fue cuando Pagador cuestionó la capacidad del Estado para ejecutar oportunamente las obras de prevención.
El especialista recordó que después del fenómeno ocurrido en 2017 se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, posteriormente reemplazada por la Autoridad Nacional de Infraestructura, con el objetivo de impulsar soluciones integrales y obras destinadas a reducir la vulnerabilidad.
Sin embargo, sostuvo que varios estudios y proyectos no se concluyeron dentro de los plazos inicialmente previstos.
Para Pagador, esta situación genera un problema particularmente delicado: el país podría estar enfrentando un nuevo escenario de riesgo sin haber terminado de ejecutar las soluciones que debieron servir para reducir esa vulnerabilidad.
Su advertencia adquiere especial importancia para las zonas agrícolas, donde una emergencia no solamente puede significar pérdida de cultivos.
MÁS LLUVIA NO SIEMPRE SIGNIFICA MÁS AGUA PARA EL AGRICULTOR
Uno de los conceptos más importantes expuestos durante la entrevista fue la contradicción que puede producirse durante un fenómeno de lluvias intensas.
Cuando se activan quebradas y cauces, pueden resultar afectadas carreteras, canales, bocatomas, sistemas de conducción y otras infraestructuras hidráulicas.
Por ello, explicó Pagador, un escenario con abundante precipitación puede terminar generando déficit de agua para la población y la agricultura, precisamente porque la infraestructura encargada de conducir y distribuir ese recurso puede quedar interrumpida.
Para el agricultor, esto representa un doble riesgo: por un lado, el exceso de agua y las inundaciones; por otro, la interrupción del suministro para sus cultivos.
“NO SE PUEDE ANULAR EL FENÓMENO, PERO SÍ REDUCIR SUS EFECTOS”
Pagador sostuvo que el Estado no puede impedir la ocurrencia de un fenómeno natural, pero sí puede disminuir considerablemente sus consecuencias.
Por ello recomendó que, ante el escenario actual, los gobiernos regionales, municipalidades y el Ejecutivo concentren sus esfuerzos en acciones inmediatas de mitigación y preparación.
Entre las medidas planteadas durante la conversación se encuentra la identificación de las zonas vulnerables de las cuencas, la evaluación de los cultivos que podrían resultar afectados y la identificación de las poblaciones expuestas.
También consideró indispensable disponer anticipadamente de maquinaria, personal y mecanismos de coordinación para intervenir rápidamente cuando se presenten emergencias.
COORDINACIÓN ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES
Otro punto central fue la necesidad de una coordinación estrecha entre las instituciones responsables de la prevención y respuesta.
Pagador planteó que deben participar de manera articulada los gobiernos regionales, municipalidades, Ejecutivo, organismos especializados, Fuerzas Armadas, Policía y Ministerio Público, entre otras instituciones.
La finalidad no debe ser esperar la emergencia para recién determinar quién actúa, sino establecer previamente quién tiene la responsabilidad, qué maquinaria está disponible, dónde debe ubicarse y qué zonas requieren atención prioritaria.
La prevención, en ese sentido, también implica organización.
UNA CRÍTICA A LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL ESTADO
Durante la entrevista, el ingeniero Pagador también cuestionó los problemas de ejecución de recursos destinados a prevención.
Su crítica apunta a un problema que se repite en diferentes emergencias: el Estado puede disponer de recursos, pero no necesariamente tiene la capacidad institucional para convertirlos oportunamente en obras y acciones concretas.
La consecuencia es conocida: cuando el riesgo aumenta, aparecen intervenciones de emergencia, trabajos acelerados y medidas paliativas que pudieron planificarse con meses o incluso años de anticipación.
El especialista recordó que durante el fenómeno de 1997-1998 hubo un proceso de preparación anticipada que incluyó seguimiento de información climática, evaluación de vulnerabilidades y ejecución de obras preventivas.
Su comparación deja una advertencia: la prevención requiere planificación, información y tiempo; la improvisación llega cuando el tiempo ya se agotó.
EL CASO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Otro de los puntos controversiales de la entrevista fue la participación de la Autoridad Nacional del Agua en determinadas labores de intervención.
Pagador, quien señaló haber promovido la creación de la ANA y la Ley de Recursos Hídricos, sostuvo que la Autoridad Nacional del Agua tiene fundamentalmente una función normativa, reguladora y fiscalizadora.
Desde su perspectiva, asignarle funciones de ejecución de obras puede generar problemas institucionales porque, según explicó, una entidad reguladora no debería convertirse simultáneamente en ejecutora de las obras que corresponden a otros organismos.
Su planteamiento abre un debate de fondo: ¿están correctamente distribuidas las competencias entre las instituciones que intervienen en la prevención de desastres y la gestión del agua?
EL AGRO, ENTRE LOS SECTORES MÁS EXPUESTOS
Para los productores, el escenario merece especial atención.
Una emergencia climática puede afectar cultivos, caminos rurales, sistemas de riego, bocatomas, canales y otras infraestructuras fundamentales para mantener activa la producción.
Pero además existe un efecto económico: una interrupción del sistema de riego puede significar retrasos en las campañas agrícolas, pérdida de productividad y mayores costos para los productores.
Por ello, la prevención frente al fenómeno El Niño no debería limitarse a proteger centros urbanos.
También debe protegerse la capacidad productiva del campo.
LA ADVERTENCIA FINAL
La entrevista de Agricultura en Marcha deja una conclusión clara: el debate no debería concentrarse únicamente en determinar si el próximo fenómeno El Niño será fuerte, moderado o extraordinario.
