El Consejo Regional de Áncash aprobó por unanimidad un informe de fiscalización que advierte presuntas irregularidades en la contratación de maquinaria, materiales y equipos utilizados para el mantenimiento de seis canales del Proyecto Especial Chinecas. El documento recomienda evaluar responsabilidades administrativas y remitir los actuados al Órgano de Control Institucional y a la Procuraduría Pública Regional.
El Consejo Regional de Áncash aprobó por unanimidad el Informe N.° 06-2026-GRA/CR-ARMPI, presentado por el consejero regional por Casma, Andy Richard Montes Pimentel, como resultado de la fiscalización realizada al Proyecto Especial Chinecas por los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de su infraestructura hidráulica denominada “Seca”, programados en mayo de 2026.
La fiscalización, sustentada en los Acuerdos de Consejo Regional N.° 095-2026-GRA/CR y N.° 128-2026-GRA/CR, comprendió la revisión de términos de referencia, estudios de mercado, certificaciones presupuestales, órdenes de compra y servicio, guías, actas de conformidad y comprobantes de pago.
Sin embargo, el informe señala que Chinecas no remitió la totalidad de la documentación solicitada dentro del plazo establecido, situación que también fue considerada dentro de las conclusiones de la fiscalización.
Contrataciones por S/ 234 mil
Uno de los principales hallazgos está relacionado con el mecanismo utilizado para contratar maquinaria y adquirir materiales y equipos destinados al mantenimiento y limpieza de los canales La Huaca, Nepeña, Irchim, Cascajal Izquierdo, Cascajal Derecho y Chimbote.
Según el informe, se emitieron 12 órdenes de servicio por S/ 152,020 para el alquiler de maquinaria y 5 órdenes de compra por S/ 82,148 para materiales y equipos. En conjunto, las operaciones alcanzaron S/ 234,168.
El documento advierte que estos requerimientos, pese a estar vinculados a un mismo objetivo y contar con certificación presupuestal, habrían sido tramitados de manera separada mediante contrataciones menores a 8 UIT.
Para el Consejo Regional, esta situación habría configurado un presunto fraccionamiento indebido, además de limitar la posibilidad de obtener mejores condiciones de precio y calidad.
La observación no constituye por sí misma una determinación definitiva de responsabilidad, por lo que corresponde que las instancias competentes evalúen la documentación y establezcan lo que corresponda conforme a ley.
Una diferencia de fechas que genera preguntas
Otro aspecto consignado en el informe está relacionado con la oportunidad en que se formalizaron determinadas órdenes.
Los trabajos de mantenimiento se ejecutaron entre el 4 y el 8 de mayo de 2026, coincidiendo con el corte de agua programado para dichas labores.
No obstante, el informe señala que la formalización de las órdenes de compra y servicio se habría producido posteriormente. Entre los documentos mencionados figura una firma del administrador encargado con fecha 14 de mayo de 2026, así como un acta de entrega-recepción de cargo del 21 de mayo.
La diferencia entre la ejecución de los trabajos y la formalización documental constituye, por tanto, otro elemento que deberá ser esclarecido por las instancias correspondientes.
Evaluación de responsabilidades
Ante los hechos advertidos, el informe recomienda remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional de Áncash para que evalúe la conducta de la gerente general del Proyecto Especial Chinecas, Ana Melva Salas Laureano, debido a la falta de remisión íntegra de la información solicitada dentro del plazo establecido.
Asimismo, plantea que la Secretaría Técnica del PAD de Chinecas evalúe el deslinde de responsabilidades respecto de Hugo Príncipe V., Geiner Mariños Vásquez y Jacinto Cántaro Apolinario, en relación con los hechos observados.
El Consejo Regional también recomienda que Chinecas adopte acciones correctivas en sus procedimientos de contratación de servicios y adquisición de bienes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Finalmente, los actuados deberán ser remitidos al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Áncash y al Procurador Público Adjunto Regional, para que procedan dentro del ámbito de sus competencias.
Fiscalización bajo la lupa
El caso vuelve a colocar a Chinecas en el centro del debate sobre la gestión de sus recursos públicos. Esta vez, la fiscalización regional no cuestiona la necesidad de realizar el mantenimiento de los canales, sino la forma en que se organizaron y formalizaron las contrataciones destinadas a ejecutarlo.
La existencia de un informe aprobado por unanimidad y la recomendación de trasladar los actuados a las instancias de control y evaluación de responsabilidades obligan ahora a esclarecer cada uno de los hechos observados.
La pregunta central queda planteada: ¿las contrataciones fueron correctamente estructuradas y formalizadas o se dividieron operaciones que debieron ser gestionadas de manera conjunta?
