CHINECAS vuelve a intervenir el Huaca–Nepeña tras un contrato que recibió S/1.78 millones de adelanto y alcanzó solo 13.61% de ejecución.
Áncash. Un acuerdo aprobado por unanimidad por el Consejo Regional de Áncash vuelve a colocar al Proyecto Especial CHINECAS en el centro de una investigación por el estado y mantenimiento de su infraestructura hidráulica. Esta vez, el punto de partida está en el Canal Principal La Huaca–Nepeña y en un contrato ejecutado en 2024 por el Consorcio KRAUSEN que, según el propio documento regional, quedó inconcluso después de registrar apenas un 13.61% de avance.
El dato que concentra la atención es el monto entregado como adelanto. Para ejecutar los servicios contratados, el Consorcio KRAUSEN solicitó un adelanto equivalente al 40% del monto contractual, por S/1’781,914.89. Sin embargo, la valorización correspondiente a mayo de 2024, citada en el Acuerdo de Consejo Regional N.º 141-2026-GRA/CR, estableció un avance de solamente 13.61%, quedando inconcluso el mantenimiento del Canal Principal La Huaca–Nepeña.
La situación no termina en el bajo porcentaje de ejecución. El Consejo Regional señala que, hasta la fecha de aprobación del acuerdo, el Proyecto Especial CHINECAS no había informado sobre las acciones legales y administrativas adoptadas contra el Consorcio KRAUSEN ni contra La Positiva Seguros y Reaseguros S.A., empresa mencionada en relación con las garantías del contrato.
Es precisamente en este punto donde aparece una de las principales interrogantes de la investigación: ¿qué hizo CHINECAS después de que el contratista dejó inconcluso el mantenimiento del canal?
El cuestionamiento adquiere mayor relevancia porque no se trata solamente de determinar por qué el contratista no culminó los trabajos. También corresponde establecer qué medidas adoptó la entidad frente al incumplimiento, si se aplicaron penalidades, si se ejecutaron las garantías correspondientes, si se inició la resolución contractual, si se exigió la devolución o recuperación del adelanto y cuál fue el resultado de esas actuaciones.
El Acuerdo de Consejo Regional N.º 141-2026-GRA/CR, aprobado en Huaraz el 14 de agosto de 2026, aprueba el Informe N.º 007-2026-GRA/CR-YRPT, que contiene los resultados de una actividad de fiscalización sobre el presunto abandono del Canal Principal La Huaca–Nepeña, la demora en el funcionamiento del mejoramiento de la Bocatoma La Víbora, el abandono parcial del Canal Aéreo, integrante del Canal Chimbote, y otros servicios relacionados con la infraestructura hidráulica administrada por el Proyecto Especial CHINECAS.
El documento regional sostiene que esta fiscalización se realizó en cumplimiento del Acuerdo de Consejo Regional N.º 013-2026-GRA/CR y termina recomendando una serie de medidas que elevan considerablemente el nivel de la controversia.
TRES FRENTES PARA INVESTIGAR A CHINECAS
El Consejo Regional dispuso que el expediente administrativo sea derivado al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Áncash, para que, dentro de sus atribuciones, evalúe la implementación de una acción de control en el Proyecto Especial CHINECAS.
El motivo señalado está relacionado con los retrasos en el mantenimiento del Canal Principal La Huaca–Nepeña, la demora en el funcionamiento del mejoramiento de la Bocatoma La Víbora y el abandono parcial del Canal Aéreo.
Pero el caso no quedó únicamente en manos del OCI.
El artículo tercero del Acuerdo dispone remitir copia del expediente a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Unidad Ejecutora 1277–Proyecto Especial CHINECAS, con la finalidad de evaluar el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios respecto de tres funcionarios.
Se trata de la ingeniera Ana Melva Salas Laureano, gerente del Proyecto Especial CHINECAS; el ingeniero Edgar Esteban Mejía Duclos, jefe de la Unidad de Operación y Mantenimiento; y el ingeniero Augusto Hair Díaz Goicochea, jefe de la Unidad de Infraestructura.
La precisión es fundamental: el acuerdo no declara responsables a estos funcionarios. Lo que ordena es que la Secretaría Técnica evalúe si corresponde iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y determine, mediante el procedimiento correspondiente, si existen responsabilidades.
EL CASO KRAUSEN Y LOS S/1.78 MILLONES
El antecedente que sustenta parte de la decisión regional se remonta a la intervención realizada en el Canal Principal Huaca–Nepeña durante 2024.
Según el Acuerdo, el Consorcio KRAUSEN solicitó un adelanto del 40% del monto contractual, equivalente a S/1’781,914.89.
Posteriormente, la valorización de mayo de 2024 registró una ejecución de apenas 13.61%.
El mantenimiento quedó inconcluso.
A partir de allí surge una cadena de preguntas que deberán ser respondidas con el expediente de contratación: cuánto se ejecutó realmente, cuánto se pagó, qué parte del adelanto fue amortizada, cuál fue la situación de las garantías, qué comunicaciones se cursaron al contratista, qué medidas adoptó CHINECAS y cuál fue el destino final de los recursos comprometidos.
El Consejo Regional también cuestiona la falta de información respecto de las acciones emprendidas contra KRAUSEN y La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.
La investigación, por tanto, tiene dos caminos distintos pero relacionados: el primero consiste en establecer qué ocurrió con el contrato y su ejecución; el segundo, determinar qué hizo CHINECAS después de advertido el incumplimiento.
LA PREGUNTA POR LA GARANTÍA
El hecho de que el acuerdo mencione expresamente a una empresa aseguradora abre una nueva línea documental.
Si existió un adelanto de casi S/1.8 millones, corresponde revisar qué garantía fue presentada, cuál era su vigencia, bajo qué condiciones podía ejecutarse y qué actuaciones realizó CHINECAS frente al incumplimiento contractual.
También deberá determinarse si la entidad solicitó oportunamente la ejecución de la garantía y cuál fue la respuesta de la aseguradora.
No basta con saber que hubo un adelanto.
La pregunta que debe responder el expediente es mucho más concreta:
¿Cuánto dinero público fue recuperado y cuánto, de existir un saldo, continúa pendiente?
Esa respuesta debería encontrarse en los documentos de ejecución contractual, valorizaciones, liquidación, garantías, comunicaciones oficiales y eventuales procedimientos administrativos o judiciales.
LA OTRA CONTROVERSIA: EL EXPEDIENTE TÉCNICO
El Acuerdo introduce además otro hecho que involucra directamente a la gerente del Proyecto Especial CHINECAS.
El Consejo Regional señala que mediante Memorándum N.º 0016-2026-GRA-CR/YRPT se solicitó copia del expediente técnico, documento que fue recibido por CHINECAS el 11 de marzo de 2026.
Según el acuerdo, la documentación no habría sido facilitada o atendida oportunamente.
Por ello, el artículo cuarto dispone remitir copia certificada del Acuerdo y de los actuados pertinentes a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Áncash, para que evalúe, dentro de sus atribuciones, el inicio de las acciones legales correspondientes contra la gerente Ana Melva Salas Laureano.
El documento menciona la posible comisión del delito de omisión de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal.
Aquí también corresponde mantener la precisión jurídica: el Consejo Regional no está declarando que se haya cometido el delito. Está solicitando que la Procuraduría evalúe si existen elementos para iniciar las acciones legales correspondientes.
DEL CONTRATO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
El caso KRAUSEN no aparece aislado dentro del informe de fiscalización.
El Consejo Regional ha agrupado bajo la misma investigación una serie de situaciones relacionadas con infraestructura estratégica de CHINECAS.
Está el presunto abandono del Canal Principal La Huaca–Nepeña; la demora en el funcionamiento del mejoramiento de la Bocatoma La Víbora; el abandono parcial del Canal Aéreo, parte del Canal Chimbote; y la contratación de servicios para el pintado progresivo de los canales La Huaca–Nepeña y La Víbora.
La dimensión del problema, por tanto, trasciende un contrato individual.
La infraestructura hidráulica es el soporte físico de la distribución del agua para la agricultura. Cualquier deficiencia en sus canales, bocatomas o sistemas de conducción puede terminar afectando la continuidad y seguridad del servicio de riego.
Por eso, detrás de cada porcentaje de ejecución existe una consecuencia que finalmente puede llegar al agricultor.
2024: EL PUNTO DE PARTIDA
La cronología resulta fundamental para entender el caso.
En 2024 se intervino el Canal Principal Huaca–Nepeña mediante un servicio contratado con el Consorcio KRAUSEN.
El contratista solicitó un adelanto equivalente al 40% del contrato: S/1’781,914.89.
En mayo de ese año, la valorización citada por el Consejo Regional registró solamente 13.61% de ejecución.
El mantenimiento quedó inconcluso.
A partir de entonces comienza el período que requiere mayor reconstrucción documental: qué acciones tomó CHINECAS, qué ocurrió con las garantías, qué comunicaciones se enviaron, si hubo penalidades, si se resolvió el contrato, qué ocurrió con la liquidación y cuánto dinero terminó recuperando la entidad.
Dos años después, en 2026, el Consejo Regional coloca nuevamente el caso bajo fiscalización.
14 DE AGOSTO DE 2026: EL CASO CAMBIA DE ESCENARIO
Con la aprobación del Acuerdo N.º 141-2026-GRA/CR, el caso deja de ser únicamente una controversia dentro de CHINECAS.
El expediente es enviado al OCI para evaluar una acción de control.
También se deriva a la Secretaría Técnica del PAD para evaluar responsabilidades administrativas de tres funcionarios.
Y se remiten actuados a la Procuraduría para evaluar eventuales acciones legales.
Todo esto fue aprobado por unanimidad por el Consejo Regional de Áncash.
¿QUÉ FALTA SABER?
La investigación todavía tiene una serie de respuestas pendientes.
¿Cuál fue el monto total del contrato con KRAUSEN?
¿Cuál fue el plazo establecido?
¿Quién autorizó el adelanto de S/1’781,914.89?
¿Quién supervisó los trabajos?
¿Por qué la ejecución llegó solamente al 13.61%?
¿Se resolvió el contrato?
¿Se aplicaron penalidades?
¿Se ejecutó la garantía del adelanto?
¿Cuánto dinero recuperó CHINECAS?
¿Qué acciones se realizaron contra La Positiva?
¿Existieron informes internos que advirtieran oportunamente la situación?
¿Quién tenía la obligación funcional de actuar?
Y una pregunta particularmente importante:
¿Existe una relación técnica y presupuestal entre el mantenimiento inconcluso de 2024 y las posteriores intervenciones realizadas o proyectadas en el Canal Huaca–Nepeña?
Responder estas preguntas permitirá establecer si estamos frente a un problema estrictamente contractual o ante una cadena de decisiones administrativas que merece una revisión más profunda.
LA MADRE DEL CORDERO
El dato más contundente del expediente puede resumirse en tres cifras y una pregunta.
40%
El adelanto solicitado sobre el monto contractual.
S/1’781,914.89
El monto correspondiente a ese adelanto.
13.61%
El avance registrado en la valorización de mayo de 2024.
Y la pregunta:
¿Qué ocurrió después?
Porque el problema no termina cuando un contratista deja inconcluso un servicio.
Ahí debería comenzar la reacción de la entidad: supervisar, exigir, penalizar cuando corresponda, ejecutar garantías si corresponde, recuperar recursos públicos y determinar responsabilidades.
El Acuerdo de Consejo Regional N.º 141-2026-GRA/CR pone precisamente esa etapa posterior bajo escrutinio.
Ahora serán las instancias de control, administrativas y legales las que deberán determinar si existieron responsabilidades y quiénes serían eventualmente responsables.
Mientras tanto, queda una tarea esencial para la fiscalización y para el periodismo: seguir la ruta documental de los S/1.78 millones, reconstruir qué ocurrió con el contrato KRAUSEN y establecer qué hizo CHINECAS después del 13.61%.
Porque cuando se habla de un canal que lleva agua a la agricultura, el porcentaje de avance puede parecer una cifra fría en un expediente.
Para el agricultor, la historia termina siendo bastante menos abstracta.
El corte de agua, los mermara en su produccion es cierto, empero eso parece poco importarles a las autoridades.
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