En el Perú hay documentos que pesan por sus argumentos… y otros que intentan pesar por la cantidad de firmas al pie de página. El reciente “pronunciamiento” dirigido al Congreso de la República por los dirigentes de IRCHIM, SANTA y con excepción de NEPEÑA contra la aprobación en segunda votación de la Ley 8011 sobre el proyecto especial CHINECAS parece apostar por lo segundo.

El documento, fechado en Chimbote el 9 de marzo de 2026, solicita a los congresistas que no aprueben el dictamen de los proyectos de ley 8011-2023-CR y 9357-2024-CR. El texto argumenta que la norma pondría en riesgo la viabilidad del megaproyecto de irrigación, afectaría estudios técnicos y generaría inseguridad jurídica para inversiones que, según el propio pronunciamiento, podrían superar los US$ 6,000 millones.

Hasta allí todo suena como una preocupación legítima. El problema aparece cuando se observa quiénes firman y a quién dicen representar.

Entre los firmantes aparecen dirigentes de organizaciones agrarias y de usuarios de agua del valle del Santa y zonas vinculadas al ámbito del proyecto CHINECAS. Sin embargo, dentro del propio sector agrario surge una pregunta incómoda que comienza a circular con fuerza:

¿Cuántos agricultores eligieron realmente a esos dirigentes que hoy hablan en nombre de miles?

Según diversas fuentes del propio sector, varios de los firmantes habrían sido elegidos en procesos con participaciones que en algunos casos rondarían 30, 70 o poco más de 100 agricultores, pese a que el universo de productores agrícolas en los valles vinculados al proyecto supera entre IRCHIM y SANTA los 7 mil.

La pregunta entonces es inevitable.

Si un dirigente llega al cargo con el respaldo directo de unas decenas de votantes, ¿puede sostener que su firma representa la posición de miles de agricultores frente a una ley nacional?

La discusión no es menor, porque el pronunciamiento se presenta ante el Congreso como la voz del sector agrario organizado. Pero dentro del propio gremio algunos productores señalan que no todos comparten esa postura, y que el debate sobre la Ley 8011 es mucho más complejo que lo que el documento intenta mostrar.

El texto firmado sostiene que permitir la formalización de posesiones o ventas directas en el ámbito de CHINECAS podría fragmentar la planificación hidráulica del proyecto, obligar a rediseñar estudios de ingeniería y generar un precedente para otros proyectos especiales en el país.

Sin embargo, críticos del documento señalan que el pronunciamiento mezcla argumentos técnicos, temores económicos y posiciones políticas sin presentar estudios concretos que respalden varias de sus afirmaciones puras palabras y ofertas con el consabido hecho de las gestiones pasadas del “caramelo”.

También recuerdan que el propio valle del Santa convive desde hace años con posesiones agrícolas que el Estado aún no ha logrado ordenar completamente, lo que vuelve más complejo el debate sobre cómo integrar a esos agricultores dentro del desarrollo del proyecto.

Mientras tanto, en los pasillos del sector agrario la discusión ya no gira solo en torno a la ley.

Ahora también gira alrededor de la representatividad.

Porque una cosa es firmar un documento institucional y otra muy distinta es poder afirmar, con absoluta legitimidad, que detrás de esa firma están miles de agricultores.

Y ahí aparece la paradoja que algunos productores comentan en voz baja:
un pronunciamiento que dice defender a “las grandes mayorías”, pero cuyos firmantes habrían sido elegidos por pequeñas minorías dentro del propio sector agrario.

En un tema tan sensible como el futuro de CHINECAS —un proyecto que podría transformar la economía agrícola de la región— el debate de fondo no solo debería centrarse en qué ley se aprueba, sino también en quién tiene realmente la voz para hablar en nombre del campo.

Porque en política agraria, como en la vida, una firma puede ocupar mucho espacio en el papel… pero eso no siempre significa que represente a mucha gente.

El documento también advierte que la ley podría generar un precedente que incentive nuevas invasiones en otros proyectos especiales del país.

Se trata, sin embargo, de un escenario hipotético que el texto plantea como advertencia, sin citar antecedentes o estudios que respalden ese posible efecto.

Mientras tanto, el debate sobre la Ley 8011 sigue abierto y refleja un conflicto más amplio en torno al desarrollo de CHINECAS: cómo equilibrar la planificación de un megaproyecto de irrigación con la realidad territorial de los agricultores que actualmente ocupan o trabajan tierras en su ámbito.

En ese contexto, el pronunciamiento dirigido al Congreso aporta una posición clara de rechazo a la norma, pero deja varios aspectos sin desarrollar en profundidad.