Las opiniones y comentarios sobre la problemática de los posesionarios agrarios continúan generando intenso debate entre agricultores y dirigentes a través de la plataforma informativa de Agricultura en Marcha, que no solo recoge reacciones en su señal abierta, sino también en sus redes sociales y su página web AgriculturaEnMarcha.com.

La cobertura permanente del tema ha abierto un espacio de participación donde productores, dirigentes y ciudadanos expresan libremente sus puntos de vista sobre la situación legal de miles de posesionarios de tierras vinculadas a proyectos especiales.

Uno de los comentarios que generó atención fue el del ciudadano Feliz Cárdenas López, quien señaló que es consciente de la necesidad de una nueva norma que permita resolver el problema de los agricultores posesionarios. Sin embargo, evitó pronunciarse directamente sobre la propuesta legislativa conocida como Ley 08011.

En su intervención recordó que el tema no es reciente y que, según informes técnicos elaborados entre 2007 y 2008, solo alrededor de 700 agricultores cumplirían las condiciones para ser beneficiarios dentro del proceso de adjudicación. Dichos informes, explicó, habrían sido trasladados posteriormente al año 2023 por el exgerente Bustamante y actualmente reposan en archivos tanto del gobierno regional como del Ministerio de Agricultura en Lima.

Según estas versiones, la problemática se remonta a los procesos iniciados bajo el marco de la Ley 28042, cuando aproximadamente 35 asociaciones presentaron solicitudes de adjudicación mediante una iniciativa legislativa impulsada en su momento por la excongresista Helvecia Balta.

Paralelamente, cerca de 400 posesionarios también habrían iniciado trámites individuales, pese a que ya ocupaban terrenos desde el año 2001.

No obstante, el proceso se fue entramando con el paso de los años. En 2009 se promulgó una norma de intangibilidad de las tierras de los proyectos especiales, lo que complicó aún más los procedimientos de adjudicación.

Posteriormente, en 2014, el Decreto Supremo 04-2014-AG estableció que las inspecciones oculares tendrían carácter vinculante dentro del proceso de calificación y adjudicación.

En 2017 se reinstaló la comisión encargada de evaluar los expedientes, logrando avanzar apenas un 40 % en las inspecciones oculares, tal como lo establece el artículo 30 del reglamento de la Ley 28042.

A pesar de que en 2025 se volvió a instalar una nueva comisión de calificación y adjudicación, esta vez con apoyo de COFOPRI y con presupuesto asignado, el proceso aún no ha culminado. Incluso el levantamiento de planos y las inspecciones en campo continúan pendientes.

Para varios analistas y agricultores que participan en el debate en redes sociales, el problema parece no tener un final cercano.

“Este procedimiento de calificación y adjudicación no se sabe cuándo terminará”, comentan algunos participantes del debate, quienes también advierten que el tema suele reactivarse cada vez que se acercan procesos electorales.

Mientras tanto, en el campo el debate continúa abierto. Las opiniones se multiplican en cada transmisión y publicación de Agricultura en Marcha, donde el espacio se mantiene abierto para todas las posiciones, en medio de un problema agrario que lleva más de dos décadas sin una solución definitiva.