La crisis institucional que atraviesan las organizaciones de usuarios de agua en el país vuelve a quedar en evidencia. Lo que durante años fue advertido por diversos actores del sector agrario hoy se refleja en hechos concretos: padrones desactualizados, envejecimiento de los titulares de parcelas, escasa participación de los agricultores y gestiones cuestionadas por el manejo de recursos.

Un reciente episodio ocurrido en la Comisión de Usuarios de Ferreñafe ha encendido nuevamente las alarmas sobre el debilitamiento de estas organizaciones.

Durante una asamblea ordinaria convocada por su consejo directivo, los estados financieros de la gestión anterior fueron aprobados con solo trece votos a favor, dos en contra y veintiuna abstenciones.

Lo más preocupante no es solo la votación, sino la escasa participación de los usuarios. Según los registros de la comisión, existen más de tres mil agricultores inscritos, sin embargo, únicamente 36 asistentes acudieron a la convocatoria donde se discutía la aprobación de un balance que involucra más de un millón de soles de recursos administrados.

En la práctica, esto significa que un grupo reducido terminó validando la gestión financiera de toda la organización.

Especialistas del sector agrario señalan que este tipo de situaciones refleja un problema estructural que se arrastra desde hace años: padrones de usuarios desactualizados, agricultores titulares fallecidos o de avanzada edad, baja renovación dirigencial y un creciente desinterés de los propios usuarios en la gestión de sus organizaciones.

A ello se suman denuncias recurrentes en distintas regiones sobre mal manejo de fondos, desaparición de dinero, pérdida de patrimonio institucional y administraciones consideradas nefastas por los propios agricultores.

Diversos analistas advierten que este deterioro institucional podría terminar acelerando un proceso que ya se empieza a discutir en el país: la reconfiguración del sistema de gestión del agua agraria, donde podrían ingresar con mayor fuerza entidades privadas.

Este escenario ha cobrado mayor relevancia tras la promulgación de la Ley 31801, norma que introduce cambios en el marco de gestión de los recursos hídricos y abre nuevas interpretaciones sobre la participación de otros actores en la administración del agua.

Para algunos dirigentes agrarios, lo ocurrido en Ferreñafe no es un hecho aislado, sino una señal del agotamiento del modelo actual de juntas y comisiones de usuarios, organizaciones que durante décadas administraron el agua en el agro peruano.

Si no se corrigen problemas estructurales como la actualización de padrones, la participación real de los agricultores y la transparencia en el manejo de los recursos, advierten, estas instituciones podrían encaminarse lentamente hacia su desaparición.

Mientras tanto, decisiones millonarias continúan tomándose en asambleas donde la mayoría de agricultores simplemente no está presente.