El economista agrario Víctor Vásquez Villanueva afirmó que la responsabilidad de otorgar el Certificado de Inocuidad para los molinos de arroz corresponde al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y no al Ministerio de Salud, mediante la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), al tratarse del proceso de pilado de arroz, considerado una transformación primaria.

Durante una entrevista concedida al programa Surco Norteño, el especialista sostuvo que la actual exigencia establecida en las fichas técnicas para las compras estatales estaría perjudicando a miles de pequeños productores y molinos del país, debido a que obliga a presentar un certificado emitido por una entidad que, según explica, no es la competente para este tipo de actividad.

Vásquez Villanueva recordó que Senasa cuenta con un Programa Nacional de Inocuidad Agroalimentaria, creado precisamente para garantizar la inocuidad de los alimentos y facilitar la incorporación de los productores a los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, cuestionó que dicho programa no estaría cumpliendo plenamente sus objetivos, pese a disponer de importantes recursos públicos.

Asimismo, indicó que existe un profundo desconocimiento de la realidad del sector arrocero por parte de los funcionarios encargados de elaborar las normas y lineamientos de compra del Estado.

“Se elaboran requisitos de inocuidad sin conocer cuántos molinos de arroz existen en el país, cuántos cumplen las condiciones sanitarias o cuántos cuentan con certificación. Esa desconexión termina afectando principalmente a los pequeños agricultores”, señaló.

El economista también cuestionó la efectividad del sistema nacional de control sanitario al señalar que, pese al elevado presupuesto destinado al programa de inocuidad de Senasa, continúan detectándose alimentos frescos con altos niveles de residuos de plaguicidas, además del uso de aguas contaminadas para el riego en diversas zonas agrícolas.

“Si los mercados siguen recibiendo alimentos con problemas sanitarios y la mayoría de molinos de arroz no cuenta con certificación de inocuidad, corresponde preguntarse cuál está siendo el verdadero impacto del trabajo que realiza Senasa”, expresó.

De igual manera, advirtió que la actual normativa termina favoreciendo a un reducido grupo de grandes empresas molineras que sí cuentan con certificaciones, concentrando así las oportunidades de abastecer los programas de compras públicas de alimentos.

Finalmente, Vásquez Villanueva sostuvo que las dificultades que enfrentan los pequeños productores para vender arroz al Estado no obedecen únicamente a limitaciones económicas, sino también a errores en la elaboración de las fichas técnicas y lineamientos administrativos, donde se exige un certificado emitido por Digesa cuando, según su interpretación técnica, la entidad competente para estos casos es Senasa.

El especialista consideró necesario revisar la normativa vigente para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso al mercado estatal, fortalecer la competitividad de los pequeños molinos y evitar que las compras públicas continúen concentrándose en un reducido número de operadores.