El ingeniero José Chunga advirtió que cientos de pequeños productores de arroz podrían perder la oportunidad de vender su producción al Estado debido a requisitos que considera difíciles de cumplir. También cuestionó la falta de gestión de las autoridades regionales para incluir oportunamente a Áncash en el proceso de empadronamiento.
Áncash llegó tarde al proceso de empadronamiento para las compras estatales de arroz
El proceso de empadronamiento de productores arroceros para acceder al programa de compras estatales ha generado profunda preocupación entre los agricultores de Áncash. Durante una entrevista concedida al programa Agricultura en Marcha, el ingeniero José Chunga, dirigente del sector arrocero, afirmó que la región fue incorporada tardíamente al proceso, situación que coloca a cientos de pequeños productores en una clara desventaja frente a otras regiones del país.
Según explicó, mientras regiones como Piura, Tumbes y diversas zonas de la selva ya venían desarrollando el proceso de inscripción desde hace varias semanas tras reuniones sostenidas con el Gobierno Central, en Áncash recién se autorizó el empadronamiento la semana pasada, cuando el plazo para inscribirse estaba próximo a vencer.
“Las demás regiones tuvieron tiempo para organizarse y cumplir con todos los requisitos. En Áncash recién nos dan la oportunidad cuando prácticamente el proceso está terminando”, sostuvo.
Requisitos que excluyen a los pequeños agricultores
Uno de los principales cuestionamientos formulados por Chunga está relacionado con las exigencias establecidas para que los productores puedan vender arroz al Estado.
Entre los requisitos mencionó:
- Estar al día en el pago de la tarifa de agua.
- Contar con la Ficha RUC.
- Tener habilitada una cuenta de detracciones para el pago del IGV.
- Envasar el arroz en sacos debidamente rotulados con el nombre del productor.
- Cumplir parámetros técnicos de calidad del grano.
- Procesar el arroz únicamente en molinos que cuenten con certificaciones sanitarias y de inocuidad exigidas por el Estado.
El dirigente aseguró que muchos pequeños agricultores no están en condiciones de cumplir tales exigencias, especialmente aquellos que trabajan tierras arrendadas o mantienen deudas acumuladas debido a la crisis que atraviesa el sector.
Asimismo, indicó que varios molinos de Áncash no cuentan con certificaciones como BPM, PGH o HACCP, situación que impediría la participación de numerosos productores aun cuando tengan arroz disponible para comercializar.
Existe arroz almacenado, pero los productores no podrán venderlo
Durante la entrevista, José Chunga desmintió la versión de que en Áncash ya no exista arroz disponible.
Precisó que numerosos agricultores y arrendatarios mantienen parte de su producción almacenada en molinos o bajo custodia de comerciantes, esperando mejores precios en el mercado.
Sin embargo, advirtió que esa producción difícilmente podrá ingresar al programa estatal debido a las restricciones administrativas establecidas.
“Hay agricultores que sí tienen arroz guardado, pero no podrán acceder porque no cumplen con toda la documentación que hoy exige el Estado”, manifestó.
Cuestionan la falta de gestión de las autoridades regionales
El dirigente fue crítico con las autoridades del sector agrario en Áncash, señalando que la región no tuvo representación activa durante las negociaciones nacionales que permitieron incluir a otras zonas arroceras dentro del programa.
Según afirmó, mientras dirigentes y autoridades de otras regiones participaron en reuniones y gestiones en Lima para defender a sus productores, en Áncash no existió una participación efectiva que permitiera asegurar condiciones favorables para los agricultores locales.
Como consecuencia, indicó, la región fue considerada recién en la etapa final del proceso.
Temen perder futuras oportunidades de apoyo estatal
José Chunga advirtió que la preocupación va más allá de la actual compra estatal de arroz.
Explicó que el empadronamiento servirá como base para futuros programas de apoyo que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego implemente ante la declaratoria de emergencia agraria y los riesgos asociados al Fenómeno El Niño.
Si los productores no logran registrarse ahora, podrían quedar excluidos de beneficios como bonos, fertilizantes, compensaciones económicas y otros programas de ayuda que el Gobierno pueda ejecutar en los próximos meses.
“Si no estamos empadronados, nuevamente seremos invisibles para el Estado”, alertó.
Delegación viaja a Lima para solicitar flexibilización de requisitos
Frente a este escenario, el dirigente informó que una delegación de representantes arroceros emprendió viaje a Lima con el propósito de sostener reuniones y realizar jornadas de protesta para solicitar la flexibilización de los requisitos que actualmente impiden el acceso de cientos de pequeños productores.
Asimismo, convocó a más agricultores a respaldar estas gestiones, señalando que la defensa del sector requiere unidad y participación activa.
Agricultores piden igualdad de oportunidades
Durante la entrevista también se recibieron llamadas de productores que respaldaron la preocupación expresada por José Chunga.
Los agricultores coincidieron en señalar que la crisis económica del sector ha dificultado el pago oportuno de la tarifa de agua y que convertir dicha obligación en un requisito indispensable para acceder a programas estatales termina excluyendo precisamente a quienes más necesitan apoyo.
Los participantes también cuestionaron la falta de representación gremial y pidieron a las autoridades regionales asumir un papel más activo en defensa del pequeño agricultor.
Una oportunidad que podría perderse
El proceso de empadronamiento representa una oportunidad para fortalecer la participación de Áncash en los programas nacionales de compras públicas y futuras políticas de apoyo al agro. Sin embargo, de mantenerse los actuales requisitos y considerando el corto plazo para las inscripciones, existe el riesgo de que una importante cantidad de pequeños productores quede fuera del beneficio.
Los agricultores esperan que el Gobierno atienda sus demandas y adopte medidas que permitan una participación más inclusiva, evitando que las exigencias administrativas terminen dejando sin oportunidades a quienes constituyen la base de la producción arrocera regional.
