El actual responsable del equipo de transferencia de gobierno de Keiko Sofía Fujimori enfrenta cuestionamientos luego de que un informe de la Contraloría General de la República concluyera que, durante su gestión como director ejecutivo de Agro Rural, habría ocasionado un perjuicio económico al Estado superior a los S/244 mil por presuntas irregularidades en un proceso administrativo.

La designación de Marco Vinelli como jefe del equipo de transferencia de gobierno de la candidata presidencial Keiko Sofía Fujimori ha generado cuestionamientos públicos debido a los antecedentes de su gestión al frente del programa Agro Rural.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 030-2021-2-0052-SCE, emitido por la Contraloría General de la República el 16 de diciembre de 2021, Vinelli habría ocasionado un perjuicio económico al Estado por S/244.161,01 mientras ejercía el cargo de director ejecutivo de Agro Rural.

Según el órgano de control, el entonces funcionario omitió las formalidades establecidas por la normativa vigente al notificar la denegatoria de una solicitud de ampliación de plazo presentada por el Consorcio Villa. La comunicación fue remitida a un domicilio distinto al consignado en el contrato, situación que posteriormente tuvo consecuencias legales para la entidad.

Como resultado de esta actuación administrativa, un tribunal arbitral emitió un laudo que obligó a Agro Rural a pagar mayores gastos generales, intereses legales, costos y gastos arbitrales, generando un perjuicio económico superior a los 244 mil soles, de acuerdo con el informe de la Contraloría.

Este antecedente ha cobrado relevancia política tras conocerse que Vinelli integra el equipo encargado de preparar una eventual transferencia de gobierno en caso de un triunfo electoral de Fuerza Popular.

Asimismo, el caso ha reavivado el debate sobre los criterios para la designación de funcionarios que integran equipos técnicos y de transición gubernamental, especialmente cuando existen informes de los órganos de control que atribuyen presuntas responsabilidades administrativas o civiles.

Cabe precisar que un informe de la Contraloría constituye una acción de control que identifica presuntas responsabilidades y puede dar lugar a procesos posteriores. Corresponde a las autoridades competentes y al Poder Judicial determinar, de ser el caso, la existencia de responsabilidades legales definitivas conforme al debido proceso y al derecho de defensa.

“La Contraloría concluyó que la actuación de Marco Vinelli durante su gestión en Agro Rural generó un perjuicio económico de S/244.161,01 al Estado, producto de una notificación realizada sin observar las formalidades legales establecidas.”