El abogado Armando Castro, presidente de la Coordinadora de Posesionarios de las Tierras del Proyecto Especial Chinecas, cuestionó la validez de la denominada “constancia de visita” entregada a los posesionarios de parcelas de cinco hectáreas, al considerar que no cumple con lo establecido por la ley.

Durante su participación en el programa agrario Agricultura en Marcha, sostuvo que toda inspección debe dejar un acta formal, con copia firmada por el responsable de la diligencia, en este caso el ingeniero comisionado. Sin embargo, afirmó que no se habría entregado ningún documento de esa naturaleza, sino un escrito que, según indicó, carece de valor legal.

Castro recordó que el proceso se encuentra en ejecución de sentencia tras una acción de cumplimiento que obliga a la entidad a avanzar conforme a lo dispuesto por el Poder Judicial. En ese marco, señaló que existe un cronograma que no se estaría cumpliendo, lo que ha generado malestar entre los posesionarios.

Ante lo que calificó como retrasos en el proceso de calificación y emisión de constancias, anunció la realización de un plantón a las siete de la mañana en las instalaciones de Chinecas. La convocatoria está dirigida a posesionarios inscritos y no inscritos, y forma parte de lo que definió como el inicio de una nueva etapa de medidas de protesta.

El dirigente también expresó preocupación por el reciente pronunciamiento del Consejo Regional a favor del proyecto de ley 8011. Según indicó, dicha iniciativa otorgaría un plazo de cinco años para el saneamiento de tierras, lo que, a su juicio, retrasaría la ejecución del megaproyecto y podría hacerlo inviable.

Asimismo, advirtió que personas vinculadas a ese pronunciamiento estarían asumiendo cargos estratégicos dentro del proyecto, situación que —según sostuvo— podría afectar el proceso en curso. Aunque evitó mencionar nombres, señaló que existirían intereses que buscarían favorecer a terceros.

La Coordinadora reiteró su exigencia de que se cumpla la ley y se respete el procedimiento formal en las inspecciones, a fin de garantizar seguridad jurídica a los posesionarios de cinco hectáreas.