La vicegobernadora Angelly Epifanía Chávez sostuvo una reunión con el dirigente de la Coordinadora de Posesionarios, César Mondragón, quien expuso una serie de preocupaciones relacionadas con la reciente contratación de un funcionario en el Proyecto Especial Chinecas y sus posibles implicancias en el proceso de formalización de tierras.
Durante el encuentro, Mondragón manifestó que existe inquietud entre los posesionarios debido a que, tras la llegada del nuevo funcionario, empresarios vinculados a inmobiliarias comenzaron a acudir a las oficinas del proyecto. Según indicó, esta situación genera sospechas en un contexto marcado por el debate en torno a la Ley 8011, norma que —según el dirigente— resulta lesiva para los intereses de los posesionarios comprendidos en la Ley 28042.
“Tenemos una preocupación enorme. Nuestra gente nos reclama respuestas claras”, expresó el representante, señalando que hasta el momento no cuentan con documentación oficial que precise los avances, ni con información concreta sobre los precios que se les cobraría por los terrenos que ocupan.
Mondragón recordó que los posesionarios manejan referencias de precios anteriores en otros procesos y exigen que se defina con transparencia el valor que se establecerá en esta etapa. Asimismo, indicó que han remitido cartas formales solicitando información sobre resultados de procesos técnicos y administrativos, así como los criterios de valorización aplicables.
El dirigente también cuestionó la idoneidad del funcionario recientemente incorporado, señalando que en el pasado habría emitido un dictamen favorable al proyecto de Ley 8011. Afirmó que, tratándose de un megaproyecto estratégico para la región, se requiere personal altamente calificado y procesos transparentes que no generen dudas sobre posibles favorecimientos.
“No es un tema personal. Queremos situaciones claras y que se nos diga qué está pasando”, sostuvo, reiterando que la base social exige explicaciones ante lo que consideran señales preocupantes.
Por su parte, la vicegobernadora escuchó los planteamientos y recibió la documentación presentada por la Coordinadora. La reunión se desarrolló en un clima de diálogo, en medio de un escenario donde la demanda principal de los posesionarios es seguridad jurídica, transparencia en la gestión y respeto a los derechos adquiridos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la sensibilidad que rodea la administración de tierras en Chinecas, un proyecto clave para el desarrollo agrario regional, donde cada decisión genera expectativa y vigilancia ciudadana.
