En una entrevista sin anestesia en el programa agrario, el ingeniero agrícola Rómulo Antúnez Antúnez puso el dedo en la llaga del eterno conflicto por la formalización de tierras en el Proyecto Especial Chinecas. Y no fue precisamente diplomático.
El especialista cuestionó la falta de liderazgo tras el reciente cambio en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y advirtió que el panorama para los posesionarios de las llamadas “5 hectáreas” sigue entrampado entre informes técnicos, comités que no deciden y funcionarios que, según él, “pasan la pelota”.
El millón ochocientos mil que no resuelve nada
Antúnez recordó que se destinaron S/ 1 millón 800 mil para trabajos vinculados al catastro y saneamiento, pero el problema de fondo continúa sin resolverse. En su análisis, COFOPRI solo cumple una labor técnica de levantamiento de planos, mientras que la decisión final recae en el comité de adjudicación del propio proyecto.
“El informe final no lo tiene que entregar Cofopri, lo tiene que entregar el comité”, remarcó, exigiendo transparencia sobre cuántos de los más de 2 mil posesionarios calificarán bajo la Ley 28042.
Ley 28042 vs. Proyecto 8011: la batalla legal
Para el ingeniero, insistir en la Ley 28042 es prolongar una espera que ya supera las dos décadas. Sostiene que el Proyecto de Ley 8011 permitiría una salida más directa: formalización a pedido de parte, con expedientes individuales y venta directa de tierras en producción.
Su postura generó reacciones inmediatas. El abogado Armando Castro, dirigente de la coordinadora, cuestionó en vivo los intereses de Antúnez, insinuando motivaciones personales. El ingeniero respondió que su interés es técnico y profesional, y que la solución definitiva dinamizaría empleo y producción regional.
Cuando el debate se calienta así, es porque nadie está cómodo. Y en Ancash, cuando nadie está cómodo, normalmente es porque el problema lleva décadas acumulando polvo.
Tres caminos, una decisión pendiente
Antúnez planteó tres escenarios claros para el directorio de Chinecas, presidido por el gobernador regional:
- Mantener el statu quo: informalidad, tráfico de tierras e invasiones.
- Desalojo masivo con intervención policial.
- Medición y venta directa a quienes ya producen.
Para él, la tercera opción es la más viable y financieramente sostenible. Incluso afirmó que la rehabilitación del canal La Huaca–Nepeña y su ampliación hacia Casma podría financiarse con la venta de las más de 18 mil hectáreas actualmente en producción.
El agua y el uso pendiente
Respecto al uso hídrico, Antúnez señaló que Chinecas no estaría utilizando el volumen total asignado por ley, lo que habría permitido que proyectos como Proyecto Especial Chavimochic aprovechen parte del recurso no utilizado. “Si no demostramos que usamos nuestro volumen, otros lo van a usar”, advirtió.
El rol político bajo la lupa
El ingeniero fue crítico con el directorio y la gerencia del proyecto, cuestionando si existe voluntad real para cerrar el capítulo del saneamiento. También puso en tela de juicio la oposición institucional al Proyecto 8011, señalando que mantener la situación actual equivale a prolongar el caos.
Mientras tanto, los posesionarios siguen esperando. Han pasado 40 años de proyecto, ocho postergaciones de adjudicación y múltiples cambios de autoridades. El problema no es técnico. Es político. Y cuando el problema es político, la solución suele ser incómoda.
Antúnez lo dijo sin rodeos: “Decidan de una vez”.
En una región donde todos hablan de desarrollo agrario, alguien tendrá que asumir el costo de firmar la decisión correcta.
