El consejero regional Yover Montoya rompió el libreto político y, en una entrevista sin rodeos en el programa Agricultura en Marcha, dejó al descubierto una serie de denuncias que golpean directamente al corazón del Gobierno Regional de Áncash: abandono de funciones, presuntos abusos contra agricultores, falta de transparencia en el proyecto Chinecas y una gestión que, según sus propias palabras, parece desconectada de la realidad del campo.
Desde el inicio, Montoya marcó distancia del discurso complaciente. Recordó que la función del consejero no es “decorativa”, sino fiscalizar, normar y representar. Sin embargo, lo que debería ser control político efectivo hoy, según evidenció, choca con un Ejecutivo regional que no responde, no informa y, peor aún, no aparece.
Uno de los puntos más críticos fue el Proyecto Especial Chinecas, convertido —otra vez— en símbolo de promesas, conflictos y sospechas. Montoya denunció que agricultores posesionarios vienen siendo hostigados por funcionarios del propio Estado: destrucción de diques, retiro de cultivos y presiones constantes sobre quienes, paradójicamente, sostienen la producción agrícola en la zona.
Pero el problema no termina ahí. Mientras estos productores arriesgan capital, generan empleo y hasta exportan, el Estado les sigue negando lo básico: seguridad jurídica. Por ello, el Consejo Regional aprobó el Acuerdo 303-2025, respaldando iniciativas legislativas para titular las tierras a quienes realmente las trabajan. Una decisión que, lejos de encontrar respaldo en el Ejecutivo, ha generado un choque frontal.
Montoya fue directo: el gobernador regional estaría desinformado o desconectado de lo que ocurre dentro de su propia gestión. Incluso reveló que el Consejo ha decidido denunciarlo por presunto abandono de cargo, tras reiteradas ausencias y falta de atención a autoridades y ciudadanos que llegan a la sede regional sin encontrar respuestas.
La tensión escala aún más cuando se aborda el manejo del millonario proyecto Chinecas. Más de 15 millones de soles fueron destinados a estudios a través de ProInversión, pero —según el consejero— ni el gobernador ni los funcionarios han dado explicaciones claras. Peor aún, cuando el Consejo solicitó información formal, la respuesta fue un portazo: “no pueden informar por órdenes superiores”. Una frase que, en cualquier democracia funcional, debería encender todas las alarmas.
¿Qué se está ocultando? La pregunta queda flotando, incómoda, sin respuesta.
En paralelo, la región arrastra otro problema estructural: obras paralizadas. Colegios abandonados, proyectos inconclusos y millones invertidos sin resultados. Montoya reconoció la crisis y aseguró que el Consejo viene citando a funcionarios para explicar por qué la infraestructura pública se ha convertido en monumento a la ineficiencia.
En el sector agrario, las alertas también son serias. El consejero reveló que productos agrícolas presentan altos niveles de pesticidas, lo que motivó la aprobación de una ordenanza para controlar y certificar la producción. Un intento por frenar una práctica que no solo afecta mercados, sino la salud de la población.
Y mientras el cambio climático avanza y el agua se vuelve cada vez más escasa, Montoya defendió la incorporación de Áncash a la cuenca Fortaleza–Pativilca como una medida urgente para promover inversiones en represas, reforestación y siembra de agua. Una decisión técnica que contrasta con el desorden político que describe.
Al final, lo que deja esta entrevista no es solo una lista de problemas, sino una radiografía incómoda: un gobierno regional cuestionado, un proyecto emblemático envuelto en dudas y miles de agricultores atrapados entre el abandono estatal y la burocracia.
Porque aquí no se trata de discursos. Se trata de agua, tierra, producción… y de quién realmente está defendiendo al agricultor cuando las cámaras se apagan.
