Han pasado varios meses desde que el Gobierno Regional de Áncash ejecutó lo que muchos califican como una maniobra sistemática: el despido de los dos principales secretarios generales de los trabajadores del Proyecto Especial Chinecas. Carlos Solórzano Vega (SUPECH) y Robert Carrión Carmen (SUTRAPECH), conocidos por su activa defensa laboral y sus constantes denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la gestión del proyecto, fueron separados abruptamente de sus cargos. Ambos dirigentes sindicales tenían conocimiento de primera mano sobre los movimientos internos del proyecto y no dudaron en alzar la voz, incluso ante el Ministerio Público, señalando manejos irregulares de presupuesto, direccionamiento de contrataciones y decisiones administrativas sospechosas bajo la tutela de diversos gerentes de turno. Algunos de esos funcionarios terminaron saliendo por la puerta trasera, con más preguntas que respuestas.

Con sus salidas, el silencio se ha instalado en Chinecas. Hoy se sabe muy poco del proyecto. Una nueva gerenta ha sido colocada, pero su gestión no trasciende. Lejos de mostrar avances técnicos o estratégicos, sus apariciones públicas rozan lo anecdótico: hace poco organizó un evento infantil con un payasito como protagonista. ¿Ese es el Chinecas que merece Áncash?

Lo cierto es que, con cada paso, el megaproyecto agroexportador parece alejarse más de su objetivo. Y el gobierno regional, encabezado por Koki Noriega Brito, termina hundido en una gestión que no ofrece ni transparencia ni rumbo. ¿Qué se quiere esconder? ¿A quién conviene este nuevo “perfil bajo”? La gran pregunta que flota en el ambiente es: ¿hasta cuándo permitiremos que Chinecas siga secuestrado por intereses personales y externos? (MAP)