En el campo, el agua no espera. Los cultivos tampoco. Por eso, cada vez que se firma un convenio entre instituciones públicas y organizaciones de usuarios, los agricultores esperan soluciones concretas y no solo buenas intenciones estampadas en un papel.
El reciente convenio marco suscrito entre Chinecas y las Juntas de Usuarios de Nepeña abre una interrogante que merece ser analizada con serenidad, pero también con firmeza: ¿estos acuerdos fortalecen la voz de los agricultores o terminan convirtiéndose en una camisa de fuerza cuando llega el momento de reclamar?
La preocupación no es menor. Mientras se firman compromisos de cooperación y coordinación, la realidad en el campo sigue mostrando canales deteriorados, infraestructura vulnerable y problemas recurrentes en la distribución del agua. Cuando ocurre una emergencia, cuando un canal colapsa o cuando los caudales disminuyen, los agricultores esperan acciones inmediatas y soluciones efectivas.
La pregunta surge de manera natural: si una organización firma un convenio con la entidad responsable de administrar o ejecutar proyectos hidráulicos, ¿mantendrá la misma firmeza para cuestionar la falta de agua, denunciar retrasos o exigir reparaciones urgentes?
La experiencia demuestra que muchos convenios terminan convirtiéndose en declaraciones de buenas intenciones sin presupuesto, sin cronogramas y sin obras concretas. Se anuncian alianzas estratégicas, se realizan ceremonias protocolares y se toman fotografías para la posteridad, pero los problemas estructurales continúan afectando a miles de productores.
En el caso de Nepeña, la preocupación es evidente. Los agricultores necesitan respuestas frente a la vulnerabilidad de su infraestructura de riego. Cuando un canal resulta dañado, cuando se producen pérdidas de agua o cuando las reparaciones se postergan, lo que se espera son soluciones técnicas y recursos oportunos, no solamente nuevas mesas de coordinación.
Por ello, la discusión no debe centrarse en la firma del convenio, sino en sus consecuencias prácticas. ¿Permitirá este acuerdo exigir con mayor fuerza inversiones y mantenimiento? ¿O generará una relación de dependencia institucional que limite las críticas cuando estas sean necesarias?
La inquietud también alcanza a las demás organizaciones involucradas. ¿Están de acuerdo los usuarios de Irchim? ¿Comparte esta visión la Junta de Usuarios de Santa? ¿Existe consenso en Casma sobre los alcances y riesgos de este tipo de compromisos?
Los agricultores tienen derecho a conocer los beneficios reales del convenio, pero también sus limitaciones. Porque en el campo las cosechas no crecen con discursos ni con ceremonias. Crecen con agua, infraestructura eficiente y autoridades capaces de responder cuando llegan los problemas.
Al final, la verdadera evaluación no estará en las firmas ni en las fotografías. Estará en los canales reparados, en el agua llegando oportunamente a las parcelas y en la libertad que mantengan los agricultores para alzar la voz cuando las promesas no se conviertan en obras.


