Cuando el fiscalizador termina contratado por la entidad que debería observar
La información pública vuelve a poner a Chinecas en el centro de la polémica. Esta vez no por la falta de agua, ni por los canales deteriorados, ni por la infraestructura abandonada que lleva años esperando atención. La sorpresa llega desde el propio registro de órdenes de servicio.
Según la documentación publicada, el Consejo Departamental Áncash-Chimbote del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) figura brindando servicios al Proyecto Especial Chinecas por S/ 43,000 para la “valoración integral de la infraestructura hidráulica y bienes inmuebles” y otros S/ 43,000 por la “inspección técnica especializada de las infraestructuras La Huaca y La Víbora”.
En total, S/ 86,000 comprometidos con una institución que históricamente ha sido considerada una voz técnica y colegiada llamada a opinar sobre las obras públicas, la infraestructura regional y los problemas que afectan a la población.
Y aquí aparece la pregunta que muchos se hacen.
¿Puede el Colegio de Ingenieros convertirse en proveedor de Chinecas y al mismo tiempo mantener la independencia necesaria para emitir opiniones críticas sobre la gestión del proyecto?
Legalmente podrá tener sus explicaciones. Técnicamente podrá existir algún sustento. Pero políticamente y desde la óptica de la opinión pública el asunto resulta, como mínimo, incómodo.
Durante años los agricultores han denunciado infraestructura deteriorada, canales sin mantenimiento, obras inconclusas y decisiones cuestionadas dentro de Chinecas. Sin embargo, pocas veces se ha escuchado una posición firme del gremio profesional sobre temas que afectan directamente el desarrollo hidráulico de la región.
Por eso surge otra interrogante inevitable:
¿Será casualidad que quienes hoy reciben contratos de la institución guarden un prudente silencio frente a los problemas que enfrenta Chinecas?
No se trata de lanzar acusaciones sin pruebas. Se trata de analizar una situación que genera dudas legítimas. La fortaleza de una institución como el Colegio de Ingenieros no está únicamente en su capacidad técnica. Su mayor patrimonio es la independencia de criterio y la confianza de sus agremiados.
Cuando una institución gremial aparece vinculada económicamente a una entidad pública cuestionada, esa independencia comienza a ser observada con lupa.
Los ingenieros de Áncash merecen explicaciones. Los agricultores también. Y la ciudadanía mucho más.
Porque el Colegio de Ingenieros no es una empresa consultora cualquiera. Es una institución llamada a defender estándares técnicos, promover buenas prácticas y ejercer liderazgo profesional frente a los grandes problemas regionales.
La pregunta queda planteada sobre la mesa:
¿Quién supervisa al supervisor cuando termina trabajando para la entidad que debería observar?
Mientras tanto, los canales siguen esperando reparaciones, la infraestructura hidráulica continúa envejeciendo y los agricultores siguen reclamando soluciones concretas. Lo demás corre el riesgo de convertirse en otro capítulo de una historia que en Chinecas parece repetirse con demasiada frecuencia: mucho informe, mucha contratación y muy pocas respuestas para el campo ancashino.
