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Ley 31801 abre la puerta para que las juntas de usuarios administren Chinecas: ¿qué esperan las autoridades?

El artículo 31 de la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua faculta a las juntas de usuarios a convertirse en operadores de infraestructura hidráulica mayor, incluso mediante consorcios. En Áncash, diversos sectores sostienen que esta alternativa permitiría recuperar la eficiencia en la administración del sistema hidráulico de Chinecas, actualmente cuestionado por su limitada capacidad de gestión.


La ley ofrece una salida para modernizar la gestión de Chinecas

Mientras el Proyecto Especial Chinecas continúa siendo objeto de cuestionamientos por el deterioro de su infraestructura y la demora en ejecutar acciones de mantenimiento y desarrollo, la legislación vigente contempla una alternativa que podría marcar un cambio en la administración del sistema hidráulico mayor de Áncash.

El artículo 31 de la Ley N.° 31801 establece que las juntas de usuarios están facultadas para asumir el rol de operadores de infraestructura hidráulica mayor, siempre que cumplan los requisitos técnicos, administrativos y legales establecidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

La norma señala expresamente que, tratándose de proyectos especiales transferidos a los gobiernos regionales o administrados por el Gobierno Nacional, una vez culminadas las obras que permitan brindar el servicio de suministro de agua, las juntas de usuarios pueden solicitar el correspondiente título habilitante para administrar la infraestructura hidráulica mayor.

Asimismo, cuando un mismo sistema hidráulico comprende a varias juntas de usuarios, estas pueden constituir un consorcio para asumir conjuntamente la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura mayor, mecanismo que la propia ley reconoce como una alternativa plenamente válida.

Una oportunidad para Áncash

En el caso del Proyecto Especial Chinecas, numerosos dirigentes agrarios consideran que las organizaciones de usuarios cuentan con décadas de experiencia administrando infraestructura hidráulica menor y poseen el conocimiento técnico y operativo necesario para participar directamente en la gestión del sistema mayor.

Sostienen que la administración por parte de las propias juntas permitiría una gestión más eficiente, transparente y cercana a las necesidades de los agricultores, priorizando el mantenimiento permanente de canales, bocatomas y demás infraestructura de riego.

Infraestructura deteriorada y cuestionamientos

La posibilidad que ofrece la Ley N.° 31801 cobra especial relevancia frente a la situación que atraviesa Chinecas, donde diversos sectores denuncian el abandono de canales, infraestructura hidráulica deteriorada, demoras en la ejecución de inversiones y el pago de importantes recursos públicos sin resultados visibles para los usuarios del agua.

A ello se suman investigaciones, denuncias públicas e indicios de presuntas irregularidades administrativas que han generado preocupación entre los agricultores y organizaciones de usuarios, quienes reclaman una profunda reforma en el modelo de gestión del proyecto.

¿Qué esperan las autoridades?

La legislación vigente ya contempla el procedimiento para que las juntas de usuarios, individualmente o mediante un consorcio, puedan solicitar a la Autoridad Nacional del Agua el título habilitante como operadores del sistema hidráulico mayor.

Frente a este escenario, surge una interrogante que cada vez cobra mayor fuerza en el sector agrario de Áncash: ¿qué esperan el Gobierno Regional de Áncash, la Autoridad Nacional del Agua y las propias juntas de usuarios para impulsar una alternativa que la ley ya permite y que podría devolver eficiencia, transparencia y sostenibilidad a la administración del sistema hidráulico de Chinecas?

Para los productores, el desafío ya no pasa únicamente por construir nuevas obras, sino por garantizar que la infraestructura existente sea administrada por entidades con capacidad técnica, compromiso con los usuarios y una gestión orientada al desarrollo del agro regional. La Ley N.° 31801 ofrece ese camino; corresponde ahora a las autoridades y a las organizaciones de usuarios decidir si están dispuestas a recorrerlo.

Miguel Angel Palomino Rebaza

Miguel Angel Palomino Rebaza

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