El Perú podría enfrentar una de las mayores crisis agrícolas de las últimas décadas si se confirma la ocurrencia de un fenómeno de El Niño de gran intensidad o un “Mega Niño”, escenario que pondría en riesgo más de 7 millones de hectáreas agrícolas y afectaría directa o indirectamente cerca del 75 % de las más de 11 millones de hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria del país.

Las advertencias de especialistas y organismos técnicos plantean un desafío que trasciende el actual periodo gubernamental y que deberá ser afrontado por las próximas autoridades nacionales y regionales con decisiones urgentes, inversiones sostenidas y una política integral de gestión del agua e infraestructura hidráulica.

El impacto potencial no solo comprometería la producción de alimentos para el mercado interno. También pondría en riesgo miles de millones de dólares en exportaciones agrícolas, afectando el abastecimiento internacional de productos peruanos y la economía de cientos de miles de productores.

Las estimaciones advierten que el país podría dejar de generar alrededor de 8 mil millones de dólares en producción y exportaciones agroalimentarias si no se ejecutan acciones preventivas de gran escala. Esta situación tendría repercusiones en el empleo rural, la seguridad alimentaria, el precio de los alimentos y la estabilidad económica de numerosas regiones.

Canales de irrigación deteriorados, bocatomas vulnerables, defensas ribereñas inconclusas, reservorios insuficientes y proyectos especiales paralizados forman parte de una problemática que incrementa la exposición del sector agrario frente a lluvias extremas, inundaciones y desbordes de ríos.

En regiones como Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, donde la agricultura constituye uno de los principales motores económicos, la necesidad de ejecutar obras de prevención y mantenimiento resulta impostergable. Especialistas coinciden en que cada sol invertido en prevención evita pérdidas muy superiores cuando ocurren los desastres.

El próximo Gobierno tendrá la responsabilidad de priorizar la seguridad hídrica nacional, acelerar la modernización de la infraestructura de riego, fortalecer la gestión de las cuencas, recuperar canales y drenes, ejecutar defensas ribereñas y trabajar de manera articulada con las juntas de usuarios, gobiernos regionales y locales.

La agricultura peruana enfrenta una prueba decisiva. La pregunta ya no es si el país debe prepararse, sino si lo hará a tiempo. De las decisiones que se adopten en los próximos meses dependerá la protección de millones de hectáreas de cultivo, el abastecimiento de alimentos y la estabilidad económica de un sector estratégico para el desarrollo nacional.