La delegación de facultades permitirá al Poder Ejecutivo aprobar normas para simplificar trámites, reducir costos administrativos, fortalecer la productividad del agro y otros sectores estratégicos, promover la inversión y agilizar proyectos de infraestructura durante los próximos 120 días.

El Congreso aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días, autorizándolo a emitir decretos legislativos orientados a dinamizar la economía nacional mediante la promoción del desarrollo productivo y la eliminación de las principales barreras burocráticas que limitan la inversión y la competitividad.

En materia de simplificación administrativa, el Ejecutivo podrá modificar procedimientos, eliminar requisitos innecesarios, reducir plazos y costos, digitalizar servicios públicos y fortalecer las ventanillas únicas para facilitar la atención de ciudadanos y empresas. Asimismo, se busca ampliar el uso del silencio administrativo positivo, la aprobación automática y reforzar el rol del INDECOPI en la eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno.

En el eje de desarrollo productivo, las facultades comprenden la aprobación de medidas destinadas a fortalecer la productividad, competitividad e innovación de los distintos sectores económicos. En el caso del agro, se contempla impulsar el desarrollo agrario, pecuario, forestal y rural mediante el fortalecimiento de la sanidad agraria, la inocuidad alimentaria, la investigación, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica y un mayor acceso al crédito, seguros agrarios y mercados. También se prioriza la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

La propuesta también habilita la creación de mecanismos para promover la mecanización y tecnificación del campo, facilitando la adquisición, financiamiento, leasing, donación y transferencia de maquinaria agrícola a favor de pequeños y medianos productores organizados. Del mismo modo, se faculta al Ejecutivo para optimizar la gestión integrada de los recursos hídricos, modernizar la actividad pesquera y acuícola, fortalecer la competitividad minera, impulsar el turismo, acelerar proyectos energéticos y promover inversiones mediante asociaciones público-privadas y proyectos de infraestructura estratégica.

Finalmente, el proyecto plantea simplificar autorizaciones, permisos e instrumentos ambientales, reducir la superposición de trámites y agilizar la ejecución de proyectos priorizados de infraestructura nacional, con el objetivo de generar un entorno más competitivo para la inversión privada y la reactivación económica.

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