Agricultura en Marcha | 31 de julio de 2026

La gestión de las organizaciones de usuarios de agua de riego vuelve al centro del debate. En una entrevista concedida a Surco Norteño, el economista agrario Víctor Vásquez Villanueva cuestionó duramente la conducción de determinadas juntas de usuarios y planteó la necesidad de revisar con mayor rigor la administración de los recursos económicos y del agua destinada a la agricultura.

Vásquez Villanueva se refirió a las disputas judiciales que se vienen registrando en torno a determinadas dirigencias y cuestionó que algunos representantes recurran a los tribunales para conservar o recuperar sus cargos. Según sostuvo, estas pugnas deberían generar una reflexión entre los agricultores respecto de los intereses que pueden encontrarse detrás de la lucha por el control de las organizaciones.

El economista afirmó que, en determinados casos, existirían intereses vinculados al manejo irregular del recurso hídrico y al denominado “mercado negro del agua”, acusaciones que, por su gravedad, requieren ser contrastadas con investigaciones, documentos y pronunciamientos de las autoridades competentes.

En sus declaraciones también cuestionó el funcionamiento de la institucionalidad encargada de la gestión del agua y sostuvo que podrían existir prácticas de corrupción que comprometerían a determinados funcionarios y dirigentes. Se trata de afirmaciones formuladas por el especialista durante la entrevista y que deberán ser verificadas mediante las instancias correspondientes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su cuestionamiento al manejo económico de las juntas de usuarios. Vásquez Villanueva sostuvo que una parte significativa de los recursos provenientes de las tarifas de agua terminaría destinada al sostenimiento de estructuras administrativas, en detrimento de las inversiones necesarias para la rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura hidráulica.

El economista mencionó incluso que, según su apreciación, alrededor del 75 % de los recursos recaudados por concepto de tarifa de agua estaría destinado a mantener la estructura burocrática de las organizaciones. Este porcentaje constituye una afirmación que requiere ser contrastada con los presupuestos, estados financieros y reportes oficiales de cada junta de usuarios.

Más allá de las acusaciones, el planteamiento coloca sobre la mesa una pregunta de fondo para el sector agrario: ¿cuánto de la tarifa que pagan los agricultores retorna efectivamente en mejores servicios, mantenimiento de canales, infraestructura hidráulica y seguridad hídrica para sus campos?

Vásquez Villanueva también responsabilizó a los propios usuarios por la situación que atraviesan algunas organizaciones. Consideró que la escasa participación y vigilancia de los agricultores puede facilitar la permanencia de dirigentes cuestionados y reclamó una mayor responsabilidad de los productores al momento de elegir y fiscalizar a sus representantes.

La discusión, por tanto, trasciende una disputa electoral o judicial por una dirigencia. En juego se encuentra la calidad de la administración de un recurso estratégico para la agricultura y el destino de los recursos que aportan miles de productores para sostener los sistemas de riego.

Desde una perspectiva agraria, el debate debería orientarse hacia cuentas claras, elecciones transparentes, fiscalización efectiva, eficiencia en el uso de las tarifas y resultados concretos en infraestructura hidráulica.

Porque para el agricultor la pregunta finalmente es sencilla: si paga por el agua, tiene derecho a saber cómo se administra cada sol de esa tarifa y qué recibe a cambio.