El futuro de PEJEZA y de la infraestructura hidráulica mayor del sistema Jequetepeque vuelve a generar preocupación. La controversia se centra en la Ley N.° 31801 y en la pretensión de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jequetepeque Clase A de asumir la operación de la infraestructura mayor, cuyo principal activo es la represa Gallito Ciego.
La discusión ya llegó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En junio de 2026, la autoridad declaró improcedente el pedido de la Junta de Usuarios para obtener el título habilitante que le permita operar el Sector Hidráulico Mayor Jequetepeque, señalando que PEJEZA mantiene vigente el título que sustenta su condición de operador.
Sin embargo, la controversia no terminó allí. La Junta de Usuarios apeló la decisión y sostiene que la entrada en vigencia de la Ley N.° 31801 modificó el escenario jurídico y reconoce entre las funciones de las organizaciones de usuarios la posibilidad de operar, mantener y desarrollar infraestructura hidráulica mayor.
Y aquí aparece la gran pregunta: ¿fue un despropósito legislativo permitir que una organización de usuarios pueda aspirar a administrar infraestructura hidráulica mayor sin que exista previamente una evaluación integral de su capacidad técnica, financiera y operativa?
La Ley 31801 fue publicada en junio de 2023 con el objetivo de regular y fortalecer la participación de las organizaciones de usuarios de agua en la gestión de los recursos hídricos. Su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 007-2024-MIDAGRI, establece requisitos y condiciones que deben cumplirse para que una Junta de Usuarios pueda asumir el rol de operador de infraestructura mayor.
El problema es que Gallito Ciego no es un canal de riego cualquiera. Se trata de una infraestructura estratégica para la regulación y seguridad hídrica del valle Jequetepeque. Por eso, cualquier cambio en su administración debería responder a criterios estrictamente técnicos, económicos y de seguridad, y no a decisiones políticas o coyunturales.
Desde el sector agrario también se han expresado cuestionamientos. Sectores críticos de la Junta de Usuarios han advertido sobre la conveniencia de que PEJEZA continúe a cargo de la infraestructura mayor y han cuestionado los recursos destinados por la organización para intentar obtener el título habilitante.
El debate, entonces, no debería reducirse a PEJEZA versus Junta de Usuarios. La verdadera discusión es quién garantiza mejor la operación, mantenimiento, seguridad y sostenibilidad de una infraestructura que resulta fundamental para miles de agricultores.
La Ley 31801 puede haber fortalecido la participación de los usuarios de agua, pero su aplicación en un sistema estratégico como Jequetepeque exige revisar con lupa sus consecuencias. No se puede poner en riesgo la seguridad hídrica del valle por populismo ni por intereses particulares.
Mientras la apelación de la Junta de Usuarios sigue su curso, el futuro de PEJEZA permanece en disputa. Y detrás de esta batalla administrativa hay una preocupación mucho mayor: ¿quién tendrá finalmente el control de Gallito Ciego y quién responderá ante los agricultores si algo sale mal?
La respuesta no puede darse desde la improvisación. Debe darse desde la transparencia, la capacidad técnica y la defensa del interés público.
