La Contraloría General de la República intervino en el caso de los cortes de agua que vienen afectando a los agricultores del valle IRCHIM. Un documento de requerimiento ingresó por Mesa de Partes del Proyecto Especial Chinecas solicitando los actuados relacionados con el corte de agua y los últimos acontecimientos que han generado pérdidas, reclamos y creciente malestar entre los usuarios.

La intervención del órgano de control ocurre en medio de una situación que ha puesto nuevamente bajo cuestionamiento la planificación y ejecución de las intervenciones en el sistema hidráulico, desde el caso relacionado con Krausen hasta el último corte de agua, cuyos efectos ya son reportados por agricultores de diferentes sectores del valle.

El problema no se limita al agua que dejó de llegar a los cultivos. En las últimas horas también han surgido cuestionamientos respecto de quién autorizó los cortes y bajo qué acuerdo fueron adoptados, luego de conocerse que presidentes de algunas comisiones de usuarios de agua sostienen que no habrían firmado ni autorizado dichos cortes.

Este punto deberá ser esclarecido con documentos y actas, pues de confirmarse que determinados dirigentes no autorizaron las interrupciones, corresponderá establecer quién tomó finalmente las decisiones que terminaron afectando el servicio de riego y generando perjuicios a los agricultores.

LA RESPONSABILIDAD TAMBIÉN APUNTA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS

La situación coloca bajo escrutinio a los representantes de las organizaciones de usuarios de agua, quienes deberán explicar su participación en los acuerdos relacionados con las interrupciones del servicio.

En el caso de Nepeña, aparece además el nombre de Javier Salas Vidal, presidente de la Junta de Usuarios y, al mismo tiempo, integrante del directorio de Chinecas. Su posición genera un escenario que deberá ser explicado con absoluta claridad: por un lado, representa a los usuarios de Nepeña y, por otro, participa en el órgano directivo del Proyecto Especial Chinecas.

El documento que habría sido suscrito en el marco de un acuerdo del directorio de Chinecas tendrá que ser contrastado con las actas, acuerdos y demás actuados que ahora son materia de requerimiento.

No se trata solamente de establecer quién firmó un documento. La pregunta de fondo es qué decisión se tomó, con qué sustento técnico, quién la autorizó, quién supervisó su ejecución y quién asumirá las consecuencias si los agricultores terminaron pagando el costo de una intervención deficientemente planificada.

DINERO PÚBLICO Y POSIBLES PENALIDADES

Otro de los aspectos que entra en el radar de la Contraloría está relacionado con el contrato y el seguro utilizado para atender la intervención.

Si existen penalidades, incumplimientos o deficiencias atribuibles a la empresa contratada, Chinecas deberá sustentar documentalmente qué medidas adoptó y cómo se protege el uso de los recursos públicos involucrados.

El dinero destinado a estas intervenciones proviene de fondos públicos, por lo que la ejecución contractual, las valorizaciones, los plazos, las obligaciones de la empresa, las penalidades y la supervisión no son asuntos menores ni exclusivamente administrativos.

La intervención de la Contraloría permitirá determinar qué ocurrió con los expedientes, contratos, informes técnicos, cronogramas, actas, autorizaciones y demás documentos vinculados al corte de agua y a las reparaciones ejecutadas.

AGRICULTORES YA REACCIONAN

Mientras los documentos comienzan a circular por las oficinas institucionales, en el campo la reacción de los agricultores crece.

Usuarios de diferentes sectores vienen expresando su malestar y cuestionando a los dirigentes de la Junta de Usuarios IRCHIM por las decisiones relacionadas con el corte de agua. La preocupación aumenta porque las interrupciones se producen en momentos en que las temperaturas vienen afectando directamente a los cultivos y cada día sin agua puede significar pérdidas económicas para las familias que dependen de la agricultura.

El último corte ha convertido una obra que debía resolver un problema de infraestructura en un nuevo dolor de cabeza para los agricultores del valle.

Ahora será la documentación la que tenga que hablar.

La Contraloría ha solicitado los actuados. Y con ello se abre una etapa en la que deberán quedar claras las responsabilidades de Chinecas, la empresa contratada, los responsables de la supervisión y las organizaciones de usuarios de agua.

Porque cuando se corta el agua, no solamente se cierra una compuerta: también se abre la pregunta de quién decidió hacerlo, por qué se hizo, cuánto costó y quién responderá por las pérdidas de los agricultores.