La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), a través de su presidente Gabriel Amaro, expresó su respaldo al texto sustitutorio de la Nueva Ley Agraria, que agrupa seis proyectos legislativos (PL 2421, 3785, 3954, 5861, 7149 y 8924) y que fue aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso.
Por más inversión y empleo Según Amaro, esta iniciativa legislativa no está enfocada únicamente en la agroexportación, sino que también busca fortalecer la agroindustria, la agricultura tradicional y el sector agropecuario, beneficiando a todo tipo de productores: desde pequeños agricultores hasta grandes empresas agroexportadoras.
Amaro explicó que esta ley tiene tres grandes objetivos: formalizar e integrar al pequeño agricultor a las cadenas agrarias modernas; garantizar la sostenibilidad de las unidades productivas que ya operan en la formalidad, permitiendo que reinviertan y se mantengan competitivas; y atraer mayor inversión nacional y extranjera, algo fundamental en un contexto en el que el Perú presenta un crecimiento económico bajo. “Los países se disputan la inversión extranjera. El Perú la necesita para generar empleo y dinamizar las
zonas rurales”, afirmó.
Uno de los aspectos clave de la ley se encuentra en el capítulo cuarto, donde se establecen incentivos tributarios diferenciados. Los productores cuyos ingresos netos anuales no superen las 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/160,500, estarán exonerados del pago del Impuesto a la Renta (IR). Aquellos que superen este monto, pero no sobrepasen las 150 UIT (S/ 802,500), pagarán un IR reducido del 1.5 % sobre el excedente. Para las empresas agrarias, la norma contempla un IR de 15 % entre 2026 y 2035, y a partir de 2036 se aplicará la tasa del régimen general. Asimismo, podrán deducir gastos con comprobantes de pago emitidos por contribuyentes del Nuevo RUS, hasta un tope del 10 % de los montos acreditados. Esta medida busca beneficiar tanto a las empresas como a los pequeños agricultores y promover su formalización.
En cuanto al aspecto laboral, Gabriel Amaro fue enfático al señalar que la norma no modifica el régimen laboral agrario vigente. “No se toca ningún derecho laboral. Por el contrario, se generará más empleo gracias a la mayor inversión y la consecuente demanda de trabajadores en el sector”, destacó. Desde AGAP sostienen que la nueva ley creará un entorno favorable para la expansión del agro, tanto en exportaciones como en agricultura tradicional, beneficiando a miles de familias.



