En pleno siglo XXI, hombres y mujeres del campo siguen viviendo una realidad que indigna y avergüenza: la carencia de servicios básicos elementales para la vida. Y cuando estos existen, son precarios, inseguros y, en muchos casos, peligrosos para la salud. El acceso al agua potable, derecho humano fundamental, continúa siendo una promesa incumplida en vastos sectores rurales del valle del Santa.

La emergencia sanitaria declarada por la contaminación de las aguas del río Santa dejó al descubierto una situación crítica. Las familias rurales no tuvieron alternativas. No hubo planes de contingencia, no hubo soluciones estructurales. Solo quedó esperar que alguna autoridad reaccionara. Sin embargo, ni los alcaldes de Cambio Puente ni de Cascajal estuvieron a la altura de la responsabilidad que les fue confiada.

Lejos de asumir un rol activo y permanente, la crisis fue utilizada como un recurso político. El reparto temporal de agua se convirtió en una escena de campaña, más útil para la foto y el discurso que para resolver el problema de fondo. Pasada la coyuntura, todo volvió a lo mismo: las mismas fuentes contaminadas, los mismos riesgos, la misma indiferencia.

Hoy, niños, adolescentes y adultos mayores continúan consumiendo agua en condiciones que ponen en peligro su salud y su vida. Enfermedades gastrointestinales, riesgos crónicos y una exposición constante a contaminantes son parte del día a día de comunidades que parecen no existir en la agenda pública.

La pregunta es inevitable: ¿quién se preocupa realmente por ellos? ¿Qué autoridad ha asumido el compromiso de garantizar agua segura para consumo humano? Cuatro años de gestión municipal llegan a su fin y la respuesta es desoladora. Estas administraciones no serán recordadas por obras ni soluciones, sino por escándalos, desaparición de recursos públicos y cuestionamientos vinculados a presuntos actos de corrupción.

A esta situación se suma la actuación complaciente de regidores de los municipios de centros poblados, quienes, lejos de fiscalizar o alzar la voz por su gente, optaron por el silencio y la comodidad. Cumplido su periodo, seguirán viviendo en las mismas comunidades que ignoraron, cargando el rechazo de una población que no olvida.

La historia no puede volver a repetirse. El campo no necesita más discursos ni promesas recicladas. Necesita agua limpia, gestión responsable y autoridades que entiendan que gobernar no es aprovechar la necesidad, sino resolverla. La dignidad de la población rural no puede seguir siendo utilizada como moneda política.