En el valle costeño donde el agua vale oro y la tierra genera más debates que una final de fútbol, el Proyecto Especial Chinecas publicó un pronunciamiento sobre la polémica Ley 8011. El documento está lleno de términos técnicos, planificación territorial, sostenibilidad y seguridad jurídica. Muy elegante todo. Pero cuando se mira con calma, aparecen algunas contradicciones que hacen levantar más de una ceja.

Primero, el comunicado afirma que el proyecto promueve el desarrollo agrario y la formalización de productores. Suena perfecto para cualquier discurso institucional. El detalle curioso es que la misma entidad rechaza la Ley 8011, impulsada precisamente con el argumento de formalizar posesiones agrícolas dentro del ámbito del proyecto. En otras palabras, formalizar está bien… siempre que el proceso pase por el carril que Chinecas considera correcto.

Luego aparece la defensa férrea de la planificación territorial. El documento insiste en que el proyecto se basa en estudios técnicos, planificación estratégica y una visión de largo plazo. El problema es que el Proyecto Chinecas lleva más de cuatro décadas intentando despegar del todo. Entre rediseños, anuncios y promesas, el megaproyecto todavía camina a paso bastante lento. La planificación existe, sí; la ejecución completa sigue esperando su turno.

Otro punto que levanta debate es la advertencia sobre posibles invasiones si la ley avanza. Según el comunicado, la norma podría generar expectativas de regularización y provocar ocupaciones informales. Sin embargo, muchos agricultores del valle saben que buena parte de las tierras del ámbito Chinecas ya tiene posesionarios desde hace años. Es decir, las ocupaciones no son una amenaza futura precisamente; forman parte de la realidad actual del territorio.

La seguridad jurídica también aparece como argumento central. Chinecas advierte que la ley podría afectarla. Pero del otro lado del campo, miles de agricultores trabajan tierras sin títulos formales y viven justamente en una zona gris legal que complica el acceso a créditos, inversión o programas agrícolas. Así que la discusión sobre la seguridad jurídica tiene dos caras bastante claras.

Al final del comunicado, la entidad pide decisiones basadas en criterios técnicos y planificación estratégica. Un llamado razonable, aunque el debate ya se mueve en un terreno bastante más político y social, donde se cruzan intereses de agricultores, autoridades regionales, congresistas y proyectos de inversión.

En resumen, el pronunciamiento de Chinecas intenta defender el modelo actual del proyecto frente a la Ley 8011, pero el análisis del propio texto deja ver un escenario más complejo. En el fondo, la discusión gira alrededor de una pregunta que sigue abierta en el valle: quién decide finalmente el destino de las tierras del proyecto.

Mientras tanto, el debate continúa. En el campo, los agricultores siguen sembrando. En las oficinas, los comunicados siguen creciendo en páginas. Y en el medio queda un proyecto que, después de tantos años, todavía busca convertirse en el gran motor agrícola que todos prometen, empero ninguno cumple como este caso con el actual gobernador a quien ni los de la ley 28042 ni los de la 08011 lo mencionan por que algo habra que el caos tambien tendria su propia direccion y objetivo que los ultimos estudios de Chinecas ya pagados pasen a se el proximo SISA N°2.